Australia: prohibición de redes sociales no reduce su uso entre menores

¿Qué ha ocurrido?

Australia implementó en diciembre de 2025 una ley pionera que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años. Sin embargo, un estudio publicado por el eSafety Commissioner en julio de 2026 revela que, tres meses después, el 81% de los adolescentes de 10 a 15 años sigue usando estas plataformas, apenas cinco puntos menos que el 86% registrado antes de la prohibición.

La investigación, que encuestó a más de 1.500 menores, encontró que la frecuencia de uso apenas varió: el 58% reportó usarlas a diario o más, frente al 60% previo. Además, el estudio detectó que la propiedad de cuentas cayó del 52% al 42%, con reducciones significativas en YouTube, Snapchat y TikTok, pero la mayoría de los menores simplemente conservaron sus cuentas o crearon otras nuevas. El informe, publicado el viernes, también revela que alrededor de la mitad de los niños que conservaron sus cuentas afirmaron que las plataformas nunca verificaron su edad, mientras que otros indicaron que sus cuentas figuraban con una edad de 16 años o más, o que los sistemas de verificación los clasificaron erróneamente como mayores de edad.

Este fenómeno no es nuevo en la historia de la regulación tecnológica. Recordemos que en 2023, la ley de verificación de edad para adultos en el Reino Unido (Online Safety Act) también enfrentó críticas por su aplicación deficiente, y estudios posteriores mostraron que el 40% de los menores de 13 años seguían accediendo a redes sociales a pesar de las restricciones. Sin embargo, Australia se convirtió en el primer país en imponer una prohibición total por edad, lo que lo convierte en un experimento global. La diferencia clave en este caso es que la ley australiana no solo restringía el acceso, sino que obligaba a las plataformas a implementar medidas de verificación de edad, un requisito que claramente no se ha cumplido.

¿Por qué es importante?

Esta ley era considerada un experimento global en la regulación de redes sociales. Su fracaso parcial envía un mensaje contundente a otros gobiernos que contemplan medidas similares: prohibir sin mecanismos de verificación de edad efectivos es insuficiente. Además, el estudio revela que la supervisión parental disminuyó tras la prohibición, posiblemente porque los padres confiaron en que la ley protegería a sus hijos. Este efecto de "desplazamiento de responsabilidad" es un hallazgo preocupante, ya que la participación parental activa es uno de los factores más efectivos para mitigar los riesgos en línea, como lo demuestran investigaciones previas del Pew Research Center (2021) y de la Universidad de Oxford (2020).

La falta de cumplimiento por parte de las plataformas es alarmante: la mitad de los menores que conservaron sus cuentas afirmaron que las empresas nunca verificaron su edad. Esto contradice las promesas de las grandes tecnológicas de implementar sistemas de verificación robustos. Meta, por ejemplo, había anunciado en 2024 que usaría inteligencia artificial para estimar la edad de los usuarios, pero los resultados australianos sugieren que estas tecnologías no se han desplegado adecuadamente o son fácilmente eludibles. En contraste, la Unión Europea ha avanzado con el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), que exige evaluaciones de riesgo para menores, pero aún no ha impuesto prohibiciones totales. Este contraste subraya que la regulación por sí sola no es suficiente; se necesita una combinación de tecnología, educación y cooperación de la industria.

¿Qué consecuencias tendrá?

Este informe podría frenar los esfuerzos legislativos en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos varios estados han propuesto leyes similares, como la Ley de Seguridad Infantil en Línea de California (2024) y la propuesta federal KIDS Act (2025), pero los resultados australianos demostrarán que la tecnología de verificación de edad aún no está lista. Un informe de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de 2025 ya había advertido que los métodos biométricos de verificación de edad plantean serios riesgos de privacidad y exclusión. Ahora, los legisladores tendrán que considerar si es viable imponer obligaciones que las empresas no pueden cumplir técnicamente o que violan derechos fundamentales.

Las plataformas podrían enfrentarse a multas o sanciones por incumplimiento. El gobierno australiano ya ha anunciado que revisará el marco regulatorio y podría exigir a las empresas que implementen medidas de verificación más estrictas, como la verificación de identidad gubernamental. Sin embargo, esto genera tensiones con la privacidad y la protección de datos, como señaló la Comisión Australiana de Privacidad en su informe anual (2026). Además, el estudio muestra que no hubo cambios significativos en los hábitos de los menores en cuanto a actividad física, socialización o participación comunitaria, lo que sugiere que la prohibición no ha tenido el impacto positivo esperado en el bienestar general. Esto podría llevar a una reevaluación de los objetivos de la ley, que inicialmente se centraban en proteger la salud mental de los jóvenes.

En el ámbito internacional, este caso podría impulsar el desarrollo de soluciones de identidad digital y verificación biométrica, aunque los expertos advierten sobre riesgos de privacidad. Por ejemplo, la empresa de tecnología Yoti ya ofrece sistemas de verificación de edad por estimación facial, pero estos han sido criticados por posibles sesgos algorítmicos. La presión sobre las plataformas para cumplir con la ley australiana también podría acelerar la adopción de estándares comunes, como el protocolo de verificación de edad desarrollado por la organización Age Check Certification Scheme (ACCS). No obstante, es prematuro esperar una solución universal, ya que la verificación de edad efectiva requiere equilibrar seguridad, privacidad y accesibilidad, un desafío técnico y ético que aún no tiene respuesta clara.

¿Qué deben saber los lectores?

• La prohibición no ha logrado su objetivo principal: reducir el tiempo que los menores pasan en redes sociales. La frecuencia de uso diario solo cayó del 60% al 58%, una diferencia estadísticamente insignificante.
• Los menores están eludiendo la restricción con métodos simples (mentir sobre su edad, usar cuentas de adultos). El estudio encontró que la mayoría de los que conservaron sus cuentas lo hicieron porque las plataformas no verificaron su edad, lo que indica una falla sistémica en la implementación.
• La responsabilidad recae en las plataformas, que no han implementado sistemas de verificación de edad fiables. Meta, ByteDance (TikTok) y Google (YouTube) han invertido en tecnologías de IA, pero los resultados australianos demuestran que no son suficientes o no se aplican de manera consistente.
• Los padres deben mantener una supervisión activa, ya que la ley no es una solución mágica. La disminución de la supervisión parental es un efecto colateral peligroso, ya que los menores están más expuestos a riesgos como el ciberacoso o la exposición a contenido inapropiado.
• Este caso demuestra que la regulación tecnológica requiere un enfoque multifactorial: educación digital, herramientas de control parental y cooperación de las empresas. Ninguna ley por sí sola puede resolver el problema, como lo evidencia la experiencia australiana.

En conclusión, el estudio del eSafety Commissioner es un duro golpe a la narrativa de que las prohibiciones legales pueden resolver los problemas de seguridad en línea. Los gobiernos deben aprender de este fracaso parcial y adoptar estrategias más holísticas, que incluyan la participación activa de las plataformas, la educación de los padres y el desarrollo de tecnologías respetuosas con la privacidad. Mientras tanto, los usuarios y las familias deben ser conscientes de que la responsabilidad última recae en ellos, no en la legislación.