Demanda contra Sony por engaño en venta de juegos digitales: ¿licencia o propiedad?

¿Qué ha ocurrido?

El 20 de junio de 2025, cuatro jugadores —identificados como demandantes en una demanda colectiva propuesta— presentaron una acción legal contra Sony Interactive Entertainment en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. La demanda, reportada inicialmente por el sitio Aftermath y recogida por Slashdot, alega que la compañía engaña a los consumidores al vender juegos digitales en PlayStation Store como si fueran compras de propiedad, cuando en realidad solo otorgan una licencia limitada y revocable. Los demandantes invocan la ley de competencia desleal y publicidad engañosa de California (Business and Professions Code Sections 17200 y 17500).

Según la denuncia, la tienda utiliza frases como 'Comprar ahora' (Buy Now) y 'Confirmar compra' (Confirm Purchase), que sugerirían una transferencia de propiedad. Sin embargo, el acuerdo de licencia de software (SPLA) de Sony establece que solo se concede una 'licencia limitada, no exclusiva y revocable' para acceder al software. Aunque existe una pequeña nota sobre los términos de servicio antes de confirmar la compra —que dice: 'Al seleccionar [Confirmar compra], aceptas completar la compra de acuerdo con los Términos de servicio de PlayStation antes de usar este contenido. Además, reconoces que tu compra de este producto digital constituye una licencia sujeta al Acuerdo de Licencia de Producto de Software'—, los demandantes argumentan que esta divulgación es demasiado pequeña, está colocada en una ubicación poco visible y pasa desapercibida para el consumidor razonable. La demanda busca el estatus de acción colectiva para representar a todos los compradores de juegos digitales en PlayStation Store en California.

¿Por qué es importante?

Este caso aborda un problema creciente en la era digital: la diferencia entre poseer y licenciar contenido. A medida que las ventas físicas disminuyen —en 2024, los juegos digitales representaron más del 80% del mercado de videojuegos en EE. UU. según datos de la Entertainment Software Association—, los consumidores pierden derechos tradicionales como la reventa, el préstamo o la conservación a largo plazo. La demanda de Sony se suma a una tendencia global de litigios sobre propiedad digital; por ejemplo, en 2023, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) propuso normas contra las suscripciones engañosas, y en la Unión Europea se debate la portabilidad de licencias digitales.

El caso también recuerda eventos anteriores que generaron indignación entre los jugadores. En 2023, Sony retiró de las bibliotecas de usuarios contenido de Discovery (como programas de televisión) que habían sido 'comprados' digitalmente, sin ofrecer compensación, lo que provocó críticas masivas. Asimismo, en 2024, Ubisoft cerró los servidores de The Crew, dejando a los compradores sin acceso al juego, lo que llevó a una campaña de peticiones y a que la organización The European Consumer Organisation (BEUC) presionara por regulaciones más estrictas sobre la propiedad digital. Si la demanda prospera, podría obligar a Sony y a otras plataformas (Steam, Xbox, Nintendo eShop) a ser más transparentes, cambiando la forma en que se presentan las compras digitales, posiblemente reemplazando 'Comprar' por 'Obtener licencia' o añadiendo advertencias más visibles.

Además, el caso tiene implicaciones más amplias para la economía digital. Según un estudio de 2024 de la Universidad de California, Berkeley, el 65% de los consumidores cree que posee los juegos digitales que compra, lo que refleja una brecha de percepción que los legisladores están comenzando a abordar. La demanda de Sony podría sentar un precedente legal sobre si el lenguaje de 'compra' en las tiendas digitales constituye publicidad engañosa, afectando no solo a los videojuegos sino a todos los contenidos digitales, como películas, música y libros electrónicos.

¿Qué consecuencias tendrá?

Si el tribunal concede el estatus de clase, millones de usuarios de PlayStation en California —que han gastado miles de millones de dólares en juegos digitales— podrían unirse a la demanda. Las consecuencias potenciales incluyen:

• Reembolsos o compensaciones: Los demandantes buscan daños por publicidad engañosa, lo que podría obligar a Sony a reembolsar parcial o totalmente el costo de los juegos digitales adquiridos bajo el lenguaje engañoso. En un caso similar contra Apple en 2021 sobre la venta de música digital, la compañía acordó un fondo de $25 millones para resolver una demanda colectiva.
• Cambios en las políticas de Sony: La compañía podría modificar su interfaz de PlayStation Store para incluir divulgaciones más claras, como un mensaje emergente que indique explícitamente que se adquiere una licencia revocable, no la propiedad. Esto podría implicar costos de rediseño y posibles pérdidas de ventas si los consumidores se sienten disuadidos.
• Mayor escrutinio regulatorio: La FTC y otras agencias podrían intensificar las investigaciones sobre las prácticas de venta de juegos digitales. En 2024, la FTC ya había advertido a las empresas sobre el uso de términos engañosos en suscripciones; este caso podría acelerar la emisión de directrices específicas para tiendas digitales.
• Presión sobre otras plataformas: Steam, Xbox y Nintendo eShop enfrentarían una presión similar para ajustar su lenguaje de compra. Valve, por ejemplo, ya fue criticada en 2023 cuando eliminó juegos de las bibliotecas de usuarios por violaciones de licencia, lo que generó debates sobre la transparencia.

Sin embargo, Sony argumentará que la divulgación actual cumple con la ley, ya que existe un aviso antes de la compra, aunque sea pequeño. La compañía también podría señalar que los términos de servicio son aceptados por el usuario, y que la industria ha operado bajo este modelo durante años. El caso se encuentra en etapas tempranas; se espera que Sony presente una moción para desestimar la demanda, citando la falta de daños concretos o la validez de las divulgaciones existentes. El litigio podría tardar años en resolverse, con posibles apelaciones hasta la Corte Suprema de California.

¿Qué deben saber los lectores?

Los consumidores deben ser conscientes de que, legalmente, la mayoría de los juegos digitales son licencias, no propiedad. Esto significa que el editor puede revocar el acceso en cualquier momento (por ejemplo, si cierra los servidores o si se violan los términos), y no se puede revender el juego, a diferencia de los discos físicos. La demanda de Sony es un recordatorio de leer los términos y condiciones, aunque sean tediosos; prestar atención a frases como 'licencia', 'revocable' y 'sujeto a cambios' puede evitar sorpresas. Para aquellos que deseen conservar sus juegos a largo plazo, las copias físicas —aunque cada vez más escasas— siguen siendo la opción más segura, ya que no dependen de servidores o licencias revocables.

Mientras tanto, la transparencia en las tiendas digitales sigue siendo un tema candente. Organizaciones de consumidores como la Electronic Frontier Foundation (EFF) han abogado por etiquetas claras que distingan entre compra y licencia. En Europa, la Directiva de Contenido Digital (2019/770) ya exige que los vendedores informen si el contenido digital está sujeto a restricciones, pero su aplicación es irregular. Este caso podría acelerar cambios legislativos en EE. UU. y otros países, obligando a las plataformas a ser más honestas con los consumidores. Por ahora, la recomendación es simple: si compras un juego digital, asume que solo lo estás alquilando a largo plazo, y no inviertas más de lo que estarías dispuesto a perder si el editor decide retirarlo.