Google no puede prohibir el scraping de sus resultados de búsqueda

¿Qué ha ocurrido?

El 20 de julio de 2025, un juez federal del Distrito Norte de California desestimó la demanda de Google contra SerpApi, una empresa que extrae (scrapea) los resultados de búsqueda de Google y los vende como datos estructurados. Google había demandado a SerpApi en 2023 por violación de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA), incumplimiento de contrato y competencia desleal, argumentando que el scraping de sus resultados infringía sus términos de servicio y derechos de propiedad intelectual. La demanda buscaba una orden judicial para detener las operaciones de SerpApi y una indemnización no especificada.

La decisión judicial

El tribunal, presidido por la jueza Susan Illston, determinó que los resultados de búsqueda de Google son información pública y que su extracción no constituye una infracción de derechos de autor, ya que no se reproducen obras protegidas sino datos factuales. Citando el caso Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co. (1991), la jueza señaló que los hechos y datos no son copyrightables, por lo que Google no puede reclamar derechos de autor sobre la mera lista de resultados. Además, el tribunal rechazó el argumento de Google de que SerpApi violaba la DMCA al eludir medidas tecnológicas, pues Google no había demostrado que existieran medidas efectivas para proteger los resultados. La jueza también destacó que Google no puede impedir el scraping de datos que están disponibles públicamente, especialmente cuando la propia compañía construyó su negocio scrapeando la web sin permiso. Como declaró The Next Web: “Google construyó una de las empresas más grandes del mundo raspando toda la web sin pedir permiso primero. Esta semana un tribunal le dijo a Google que no puede impedir que otros raspen Google”.

¿Por qué es importante?

Este fallo sienta un precedente legal significativo para el ecosistema de internet. Reafirma que los datos públicos en la web pueden ser recolectados y reutilizados, lo cual es esencial para la innovación, la competencia y la transparencia. Empresas como SerpApi, que proporcionan datos de búsqueda a startups, investigadores y desarrolladores, ahora tienen mayor seguridad jurídica. Según datos de la empresa, SerpApi procesa más de 100 millones de consultas al mes y cuenta con clientes como HubSpot y Moz. El caso también contrasta con la postura de Google, que ha sido acusada de prácticas anticompetitivas al mismo tiempo que se beneficia del scraping de otros sitios. La decisión podría influir en otros litigios similares, como los que involucran a Meta, OpenAI o Microsoft por el uso de datos públicos para entrenar modelos de IA. Por ejemplo, en el caso hiQ Labs vs. LinkedIn (2019), un tribunal de apelaciones dictaminó que el scraping de datos públicos de LinkedIn no violaba la ley, sentando un precedente que ahora se refuerza.

Consecuencias para el mercado

• Para startups y desarrolladores: Mayor libertad para crear herramientas que dependen de datos de búsqueda, como motores de búsqueda alternativos, análisis de SEO o inteligencia de mercado. Un ejemplo es la startup Neeva, que cerró en 2023 por falta de tracción, pero que ahora podría haber tenido más facilidades para acceder a datos de búsqueda.
• Para Google: Pérdida de control sobre sus datos públicos, lo que podría afectar su modelo de negocio basado en la exclusividad de la información. Google genera más de 200.000 millones de dólares anuales en ingresos publicitarios, en parte gracias a la venta de datos de búsqueda a anunciantes. Si competidores pueden replicar estos datos, su ventaja competitiva se reduce.
• Para la web en general: Refuerza el principio de apertura que ha permitido el crecimiento de internet, aunque también plantea preguntas sobre la privacidad y el uso ético de los datos. Por ejemplo, el scraping masivo puede exponer información personal si no se anonimiza adecuadamente.

Qué deben saber los lectores

El fallo no es definitivo; Google puede apelar ante el Noveno Circuito, y es probable que lo haga, dado que la compañía ha mostrado una postura agresiva contra el scraping. De hecho, en 2024 Google presentó una demanda similar contra la empresa Bright Data, que aún está en curso. Sin embargo, este fallo marca una dirección clara: los datos públicos no son propiedad exclusiva de quien los genera si están accesibles para todos. Para los profesionales del marketing digital, la decisión implica que el scraping de resultados de búsqueda para análisis competitivo es legal, siempre que no vulnere otras leyes como las de protección de datos (GDPR en Europa o CCPA en California). En el contexto de la inteligencia artificial, este caso es relevante porque muchos modelos de lenguaje, como GPT-4 y Claude, se entrenan con datos scrapeados de la web. La decisión sugiere que, mientras los datos sean públicos, su recolección para entrenar IA podría ser legal, aunque el debate ético y regulatorio continúa. Por ejemplo, OpenAI ha sido demandada por autores como George R.R. Martin por usar sus obras sin permiso, pero este caso se centra en datos protegidos por derechos de autor, no en datos factuales.

Contexto histórico

Google siempre ha defendido el scraping como parte de su funcionamiento: su motor de búsqueda indexa la web mediante crawlers que copian contenido. Sin embargo, cuando otros hacen lo mismo con sus resultados, Google lo ha considerado una amenaza. Este caso recuerda a demandas anteriores como hiQ Labs vs. LinkedIn, donde un tribunal dictaminó que el scraping de datos públicos de LinkedIn no violaba la ley. La tendencia judicial parece favorecer la apertura de datos públicos. También hay paralelismos con el caso eBay vs. Bidder's Edge (2000), donde eBay logró detener el scraping de sus listados, pero ese fallo se basó en la invasión de la propiedad (trespass to chattels), un argumento que Google no utilizó aquí. En Europa, el Tribunal de Justicia de la UE ha protegido el derecho de los usuarios a extraer datos de bases de datos públicas, como en el caso Ryanair vs. PR Aviation (2015). Así, el fallo de SerpApi se alinea con una corriente global que favorece la reutilización de datos públicos. Para Google, esta derrota judicial se suma a otras presiones regulatorias, como la multa de 4.300 millones de euros de la Comisión Europea por abuso de posición dominante en Android (2018) y la demanda antimonopolio del Departamento de Justicia de EE.UU. (2020). En resumen, el caso SerpApi no solo es una victoria para una pequeña empresa, sino un hito en la lucha por la apertura de internet y la competencia en el mercado de datos.