Nueva ley obliga a las empresas de IA a pagar por su consumo energético

¿Qué ha ocurrido?

El 10 de abril de 2025, los representantes Gabe Evans (republicano por Colorado) y Kathy Castor (demócrata por Florida) presentaron la Ratepayer Protection Act, un proyecto de ley bipartidista que busca que las empresas de inteligencia artificial y tecnología paguen por el aumento de la demanda energética generada por sus centros de datos. La medida, que ahora comienza su camino en la Cámara de Representantes, esencialmente convertiría en ley el compromiso voluntario que firmaron en marzo varias compañías como Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y xAI bajo la administración Trump.

Según el texto del proyecto, se establecería un “estándar de gran carga” que obligaría a las tecnológicas a cubrir los costos de la nueva generación de electricidad que requieren, así como las mejoras necesarias en las redes eléctricas locales. Esto evitaría que los hogares, agricultores y pequeñas empresas terminen pagando por la infraestructura energética que demanda la inteligencia artificial. El proyecto de ley es una respuesta directa al aumento de las tarifas eléctricas en estados como Virginia, Carolina del Norte y California, donde la proliferación de centros de datos ha disparado la demanda. Según datos de la Administración de Información Energética de EE.UU., el consumo eléctrico de los centros de datos creció un 25% entre 2022 y 2024, y se espera que se duplique para 2030.

¿Por qué es importante?

El crecimiento exponencial de los centros de datos de IA ha disparado el consumo eléctrico en Estados Unidos. Según datos de la industria, la construcción de nuevas instalaciones ha contribuido a un aumento significativo de las tarifas eléctricas en varios estados. Por ejemplo, en Virginia, la tarifa residencial promedio subió un 12% en 2024, atribuido en parte a la demanda de los centros de datos en el norte del estado. Hasta ahora, el costo de la nueva capacidad se distribuía entre todos los usuarios de la red, lo que generó un creciente malestar social. Grupos comunitarios y organizaciones ecologistas han protestado contra la expansión descontrolada de estos centros, citando desde el impacto ambiental hasta el temor a la pérdida de empleos. En 2023, una coalición de 50 organizaciones presentó una queja ante la Comisión Federal de Regulación de Energía (FERC) exigiendo que las tecnológicas asumieran los costos de infraestructura.

La ley representa un cambio de paradigma: pasa de un modelo de compromiso voluntario a uno de obligación legal. Esto podría sentar un precedente global, ya que otros países enfrentan desafíos similares con la demanda energética de la IA. La Unión Europea, por ejemplo, ya está considerando regulaciones similares bajo el marco del Pacto Verde Europeo, que exige que los centros de datos sean neutros en carbono para 2030. Si la ley se aprueba, podría inspirar medidas en países como Alemania y Francia, donde la oposición ciudadana a los centros de datos ha crecido.

Consecuencias para el sector

Si se aprueba, las grandes tecnológicas verán aumentados sus costos operativos de manera significativa. Empresas como Microsoft, que ha invertido más de 50 mil millones de dólares en infraestructura de IA desde 2023, tendrán que internalizar gastos que antes externalizaban. Esto podría ralentizar el ritmo de construcción de nuevos centros de datos o incentivar la búsqueda de fuentes de energía más eficientes y renovables. Según un informe de Goldman Sachs, el costo de capital para nuevos centros de datos podría aumentar entre un 15% y un 20% si las empresas tienen que pagar por las mejoras de red. Sin embargo, también podría acelerar la adopción de energías limpias: Google ya ha anunciado planes para alimentar todos sus centros de datos con energía libre de carbono para 2030, y Amazon se ha comprometido a alcanzar el 100% de energía renovable para 2025.

Para los consumidores, la noticia es positiva: se aliviaría la presión sobre las tarifas eléctricas. Sin embargo, existe el riesgo de que las empresas trasladen estos costos a los precios de sus servicios de IA, lo que podría encarecer el acceso a estas tecnologías. Un estudio de la consultora McKinsey estima que los costos de los servicios en la nube podrían aumentar entre un 5% y un 10% si las tecnológicas internalizan los gastos energéticos. Esto afectaría especialmente a las startups que dependen de la infraestructura en la nube para desarrollar sus productos de IA.

El proyecto también podría acelerar la innovación en eficiencia energética de los chips y sistemas de refrigeración. Empresas como NVIDIA han desarrollado procesadores más eficientes, como la serie H100, que reducen el consumo en un 30% en comparación con generaciones anteriores. Además, la refrigeración líquida se está volviendo estándar en los centros de datos de última generación, lo que reduce el uso de electricidad para climatización.

Lo que deben saber los lectores

• La ley aún debe pasar por comités y votaciones en ambas cámaras del Congreso; su futuro es incierto pero cuenta con apoyo bipartidista. Los patrocinadores esperan que se someta a votación en el pleno de la Cámara antes de fin de año.
• Empresas como Amazon, Google y Meta ya han mostrado resistencia a asumir estos costos, argumentando que podrían desacelerar la innovación. En una carta enviada al Congreso en marzo, la Computing Technology Industry Association (CompTIA) advirtió que la ley podría desincentivar la inversión en infraestructura de IA en EE.UU.
• El movimiento de oposición ciudadana a los centros de datos ha sido clave para poner el tema en la agenda política. En 2024, más de 30 protestas contra centros de datos ocurrieron en todo el país, desde Virginia hasta California.
• La medida podría replicarse en otros países, especialmente en Europa, donde la regulación energética es más estricta. La Comisión Europea ya ha iniciado consultas sobre la posibilidad de que los centros de datos paguen por el uso de la red eléctrica.

“Las familias, los agricultores y las pequeñas empresas no deberían verse obligados a cubrir los costos de la nueva generación eléctrica”, declaró el presidente del Comité de Energía y Comercio, Brett Guthrie.

En resumen, la Ratepayer Protection Act es un intento concreto de equilibrar la balanza entre el avance tecnológico y la protección del consumidor. Su evolución será seguida de cerca por inversores, reguladores y ciudadanos. La clave estará en si las tecnológicas logran mitigar el impacto mediante innovaciones en eficiencia o si el costo terminará recayendo en los usuarios finales.