Sanders propone que el público posea el 50% de OpenAI, Anthropic y xAI

El senador Bernie Sanders (I-Vermont) ha presentado la legislación federal más ambiciosa hasta la fecha sobre propiedad pública de la inteligencia artificial: la American AI Sovereign Wealth Fund Act. Copatrocinada por el representante Ro Khanna (D-California), la ley propone un impuesto único del 50% sobre las acciones de las mayores empresas de IA, que se depositarían en un fondo soberano administrado por el gobierno en beneficio de todos los ciudadanos estadounidenses.

¿Qué propone exactamente?

El mecanismo central es un impuesto sobre el capital, no sobre los beneficios. Las empresas de IA con ingresos anuales superiores a 200 millones de dólares deberían ceder el 50% de sus acciones al fondo. Las compañías afectadas incluirían a OpenAI (valorada en 852.000 millones de dólares para su OPV confidencial), Anthropic (valorada en aproximadamente 1 billón de dólares), xAI y probablemente las divisiones de IA de Microsoft y Google, dependiendo de cómo se defina el umbral. El fondo soberano resultante estaría valorado en unos 7 billones de dólares.

Una Comisión Independiente para la IA Democrática, compuesta por siete miembros nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, administraría las acciones. Tendría dos mandatos explícitos: bloquear decisiones empresariales que perjudiquen a los ciudadanos y promover políticas que les beneficien. La comisión tendría representación equivalente en los consejos de administración de cada empresa participante.

¿Por qué es importante?

Esta propuesta representa un cambio radical en la gobernanza de la IA. Sanders argumenta que la IA se fundamenta en el conocimiento colectivo de la humanidad y en el trabajo creativo de decenas de millones de personas, por lo que sus beneficios deben ser compartidos. El modelo se inspira en el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, financiado con ingresos del petróleo y valorado en más de 2 billones de dólares.

Si se aprobara, sería la primera vez que el gobierno federal estadounidense posee una participación directa en empresas tecnológicas privadas a gran escala. Los ingresos generados se distribuirían como pagos directos anuales: Sanders calcula más de 1.000 dólares por adulto estadounidense, con perspectivas de crecimiento a medida que la IA genere más valor económico.

El contexto histórico es clave. Desde la década de 1980, EE. UU. ha favorecido un enfoque de libre mercado para la innovación tecnológica, con exenciones fiscales y poca intervención directa. Sin embargo, la crisis financiera de 2008 y el rescate de bancos como Citigroup (donde el gobierno adquirió temporalmente participaciones) sentaron un precedente de intervención estatal en casos extremos. Más recientemente, la Ley de Chips y Ciencia de 2022 inyectó 52.000 millones de dólares en la fabricación de semiconductores, pero sin tomar propiedad. Este proyecto va mucho más allá: no se trata de subsidios ni préstamos, sino de una expropiación parcial de los principales actores de IA.

Comparado con otros modelos globales, Noruega es el ejemplo más cercano, pero su fondo se financia con recursos naturales, no con acciones tecnológicas. En China, el gobierno posee participaciones en empresas como Baidu y Alibaba a través de entidades estatales, pero no mediante un impuesto único. La Unión Europea, por su parte, ha propuesto un “impuesto a los robots” en 2017 y más recientemente un fondo de solidaridad digital, pero ninguno ha prosperado. Este proyecto estadounidense sería el más agresivo en términos de propiedad pública directa.

Consecuencias y desafíos

La propuesta enfrenta obstáculos políticos enormes. Incluso dentro del Partido Demócrata, hay división sobre la intervención estatal en la industria tecnológica. Los republicanos probablemente la rechazarán por considerarla una expropiación. Además, las empresas afectadas podrían recurrir a los tribunales argumentando que el impuesto sobre el capital viola la Quinta Enmienda (toma de propiedad sin compensación justa).

De implementarse, el fondo soberano daría al gobierno un poder sin precedentes para influir en las decisiones estratégicas de las principales empresas de IA, desde el desarrollo de modelos hasta políticas de seguridad. También crearía un incentivo para que el gobierno maximice el valor del fondo, lo que podría generar conflictos de interés entre la regulación y la rentabilidad.

Un análisis de impacto económico sugiere que el fondo podría generar entre 300.000 y 500.000 millones de dólares anuales en dividendos, asumiendo un rendimiento del 5-7% sobre los 7 billones. Sin embargo, la valoración de las empresas podría desplomarse si el mercado interpreta la medida como una señal de inestabilidad regulatoria. Por ejemplo, tras el anuncio, las acciones de empresas tecnológicas no afectadas directamente (como Meta o Amazon) cayeron ligeramente en las operaciones previas a la apertura, reflejando temores de un efecto contagio.

Para las startups de IA, el mensaje es claro: escalar demasiado rápido podría exponerlas a una futura expropiación. Esto podría frenar la inversión en el sector o redirigirla hacia jurisdicciones más favorables, como Singapur o los Emiratos Árabes Unidos, que ya han creado sus propios fondos soberanos tecnológicos. A largo plazo, la propuesta podría fragmentar el ecosistema global de IA, con empresas estadounidenses buscando estructuras corporativas en el extranjero para evitar el impuesto.

¿Qué deben saber los lectores?

Por ahora, es solo una propuesta legislativa con pocas posibilidades de aprobarse en el corto plazo. Sin embargo, refleja un creciente debate global sobre cómo distribuir los beneficios de la IA. Países como la Unión Europea y China ya están explorando modelos de propiedad pública o fondos soberanos tecnológicos. Este proyecto podría servir como catalizador para discusiones más amplias sobre la democratización de la IA.

Para los inversores y startups, la mera amenaza de una medida así podría acelerar la deslocalización de empresas de IA hacia jurisdicciones más favorables. Para los ciudadanos, abre la posibilidad de un dividendo universal financiado por la tecnología.

En resumen, la American AI Sovereign Wealth Fund Act es un hito en la política de IA, pero su viabilidad es incierta. Lo que sí está claro es que la conversación sobre quién se beneficia de la IA ha dado un giro radical, y este proyecto, aunque probablemente no se convierta en ley, ya está influyendo en el debate público y en las estrategias de las empresas tecnológicas.